La Corte Constitucional, a través de reciente sentencia, explicó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad que tiene la competencia y los recursos humanos y técnicos para determinar el nivel de riesgo de un ciudadano y las medidas de protección a adoptar. Por regla general, precisa el fallo, el juez de tutela, en estos casos, ordena a la UNP que evalúe nuevamente el riesgo del accionante. Vale decir que, de manera excepcional, el funcionario jurisdiccional podría ordenar la continuidad de las medidas de protección cuando concluya que en el caso concreto existen pruebas de la apremiante situación de riesgo del accionante, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran los ciudadanos que solicitan las medidas de protección, es decir, no solamente su situación individual (M. P. Diana Fajardo).