La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene programado para esta semana el estudio de ocho acciones de inconstitucionalidad, dos solicitudes de nulidad de sentencia y nueve expedientes de tutela. Entre los temas centrales de la agenda se encuentra la discusión en torno a la demanda que ataca varios apartes del artículo 32 de la Ley 1150 del 2007, que introdujo medidas para la eficiencia y trasparencia de la contratación estatal (Ley 80 de 1993). Conforme indica el documento, esta norma trasgrede el numeral 1º del artículo 150 de la Constitución Política, por cuanto limita la competencia del Congreso y condiciona las derogatorias a efectuarlas de manera expresa. De igual forma, se argumenta que el “Congreso desbordó su competencia legislativa al crear, sin estar facultado para ello, una prevalencia entre normas del mismo tipo y naturaleza”. En la misma línea, se continuará el estudio de la expresión “en público”, contenida en el artículo 35 de la Ley 1015 del 2006,  que establece en el régimen disciplinario de la Policía Nacional como falta grave proferir en público expresiones injuriosas o calumniosas contra la institución, servidores públicos o particulares. Según el demandante, dicha expresión trasgrede el artículo 1º y 21 de la Constitución Política. “Los derechos a una vida digna y a la honra se desconocen por la citada expresión, al no tenerse en cuenta la esfera de lo privado para incurrir en esta falta grave”. Pero también se examinarán los expedientes sobre las funciones de la Fiscalía General de la Nación en materia de policía judicial y cesantías del magisterio, entre otros asuntos.