La Corte Constitucional revocó una sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, así como la decisión de primera instancia proferida por la Sala de Casación Penal, en la que se negó la protección al debido proceso de un ciudadano que cuestionó la negativa de un tribunal en recusar a un magistrado que confirmó la decisión de condenarlo por el delito de acceso abusivo a un sistema informático agravado, aun cuando el proceso penal inició por la denuncia de este funcionario. Según la corporación, esta situación fáctica constituye un motivo razonable para indicar que la falta de aceptación de la recusación configura una vulneración de las garantías constitucionales y legales, en particular, el debido proceso y, además, la imparcialidad y neutralidad que debe imperar en los procedimientos judiciales (M. P. Aquiles Arrieta).