La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene programado para esta semana el estudio de 10 acciones de inconstitucionalidad, dos incidentes de nulidad de sentencia y 12 expedientes de tutela. Entre los temas centrales de la agenda se encuentra el estudio de la demanda que ataca el artículo 338 del Código general del Proceso (Ley 1564 del 2012), que establece como condición para acceder a la casación en un conflicto económico que el valor del perjuicio sufrido por el recurrente sea superior a 1.000 salarios mínimos mensuales. Según los demandantes, la imposición de este mínimo es desmesurada y vulnera el derecho a la igualdad, el acceso a la administración de justicia, la libertad de configuración del legislador y, además, contradice la efectividad y los fines de la casación, los cuales buscan la eficacia de los mecanismos jurídicos y la defensa de los derechos constitucionales. Vale la pena terminar diciendo que se estudiaran, además, tres demandas contra el nuevo Código de Policía y el incidente de nulidad de la Sentencia T-480 del 2016, en la cual se declaró la existencia de un contrato realidad entre el ICBF y más de 100 madres comunitarias.