La Corte Constitucional recordó las especiales obligaciones que tienen los establecimientos carcelarios y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario frente a la población interna y, específicamente, con la población diagnosticada con VIH que permanece recluida, entre las cuales se destaca el deber procurar el respeto de sus derechos y, por lo tanto, evitar actos de discriminación por razón de la naturaleza de la enfermedad que padecen. Según la Corte, esas autoridades no pueden desconocer el deber asignado en disposiciones como el Decreto 4151 del 2011, la Resolución 006349 del 2016 y el Código Penitenciario y Carcelario, en las que se establecen las competencias, funciones y deberes de las autoridades públicas frente a esta población (M. P. Carlos Bernal).