El Consejo Superior de la Judicatura recordó que el derecho a la educación no se limita a que los ciudadanos tengan acceso a un servicio educativo, sino a que se garantice su permanencia en el mismo y a que se trate de una formación adecuada, en atención a que la educación constituye una herramienta elemental para que el individuo se proyecte en la sociedad. De igual forma, reiteró que la educación es un servicio público, que debe ser prestado de forma permanente y eficiente por parte del Estado, garantizando su acceso en iguales condiciones. De esta forma, el Consejo concluyó que es necesario garantizar un derecho a la educación continua, permanente y de calidad. De otra parte, indicó los criterios que se tienen en cuenta para la protección de los derechos e intereses de los menores, como la prevalencia del interés del menor, la garantía de las medidas de protección que su condición de menor requiere y la previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente (M.P. María Mercedes López Mora).