El Decreto 1791 del 2000 estableció las condiciones de ingreso de los suboficiales y agentes activos al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. En efecto, una providencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través del estudio de la jurisprudencia constitucional, recordó que la creación de la nueva estructura jerárquica, así como  la fijación de un régimen propio sobre asignaciones salariales, primas y prestaciones sociales para este no comportaba vulneración de los derechos adquiridos, máxime cuando para ingresar al nivel ejecutivo debía mediar solicitud del interesado, esto es, se dejaba a discreción de este postularse o no, “de modo que el postulante era quien debía evaluar si la situación era favorable a sus intereses”, precisa el fallo (C. P. Rafael Francisco Suárez).