El principio de buena fe, en su dimensión de confianza legítima, le exige a la administración actuar con lealtad y honestidad y responder a las expectativas generadas a los particulares por sus actuaciones precedentes, reiteró la Corte Constitucional. En el caso concreto, tuteló el derecho al debido proceso de una persona a la cual el Ministerio de Educación negó la convalidación de su maestría cursada en España. El alto tribunal resaltó que la entidad había homologado numerosos títulos del mismo posgrado y, por el contrario, al accionante le cambió las reglas de juego, lo que implicó la vulneración del principio de confianza legítima. Pero además la corporación estableció que la acción de tutela era procedente, ya que esa situación le causaría un perjuicio irremediable, pues la persona estaba a punto de perder su empleo por no acreditar la respectiva convalidación (M.P. Jorge Iván Palacio).