La Corte Constitucional recordó que la jurisprudencia de la corporación ha reconocido el carácter de fundamental del derecho a la educación universitaria, en tanto se encuentra estrechamente ligado con la dignidad humana, el derecho al trabajo, al mínimo vital y a la autonomía de las personas por permitírseles que opten por una u otra profesión. No obstante, aclaró que su naturaleza es progresiva por cuanto el Estado tiene, en primer lugar, la obligación de adoptar estrategias, en un plazo razonable, que faciliten mecanismos financieros y la ampliación progresiva de los cupos en la medida en que la cobertura se vaya ampliando. Así mismo, implica el deber de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables y, finalmente, la prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del derecho concernido (M. P. Jorge Iván Palacio).