La Corte Constitucional ha reconocido, a través de su jurisprudencia, la importancia del Registro Único de Víctimas (RUV) y resaltado que la inscripción en ese sistema constituye un derecho fundamental de las víctimas. Ello por cuanto la inclusión de una persona en el RUV implica, entre otros beneficios: la posibilidad de afiliación al régimen subsidiado de salud. Así mismo, permite la priorización para el acceso a las medidas de reparación y particularmente a la medida de indemnización, así como a la oferta estatal aplicable para avanzar en la superación de la situación de vulnerabilidad, si es el caso. Implica, además, el envío de la información relativa a los hechos delictivos que fueron narrados como victimizantes para que la Fiscalía adelante las investigaciones necesarias y, en general, posibilita el acceso a las medidas de asistencia y reparación previstas en la Ley 1448 del 2011, las cuales dependerán de la vulneración de derechos y de las características del hecho victimizante, siempre y cuando la solicitud se presente dentro de los cuatro años siguientes a la expedición de la norma (M. P. Diana Fajardo).