El magistrado Jorge Iván Palacio presentó salvamento de voto a la decisión de la Corte Constitucional que declaró la exequibilidad de la Ley 1424 del 2010, en la que se otorgaron beneficios a los desmovilizados de grupos armados ilegales. Para Palacio, incluir dentro de los beneficios la conducta punible de concierto para delinquir agravado constituye una afectación desproporcionada del valor de la justicia y de los derechos de las víctimas, y un desconocimiento de las obligaciones del Estado de perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. En sus palabras, “esa política de justicia transicional fragmentaria genera impunidad”. Además, considera que algunos de los crímenes que componen el concierto para delinquir agravado, como la desaparición forzada, hacen parte de la competencia de la Corte Penal Internacional. Ello significa que se podría activar en cualquier momento la admisibilidad de este tribunal. El magistrado también explicó las razones para distanciarse de la exequibilidad condicionada de la norma que permite la utilización judicial de la información suministrada por desmovilizados y la exequibilidad de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la orden de captura para estos.