La Corte Constitucional señaló que es necesario contar la aquiescencia del estudiante mayor de edad o el representante legal del menor o del incapaz para realizar exámenes de toxicología, por cuanto dicha omisión constituye una vulneración al derecho a la intimidad del alumno. Por ello, tuteló ese derecho a un estudiante mayor de edad que fue presionado por las directivas de una institución educativa con no poder asistir a clases si no entregaba los resultados de un examen toxicológico que le fue realizado.