Cambio Radical presentó al Congreso una propuesta de reforma a la Constitución Política para atacar, según su concepto, los principales problemas de la administración de justicia. Tutela y seguridad jurídica: se plantea prohibir las “tutelatones”, para que los jueces se concentren en las verdaderas violaciones a los derechos fundamentales y no se permita el abuso de este mecanismo judicial. Así, se regularía la tutela contra providencias judiciales, definiendo reglas claras de aplicación, pues a juicio de los autores numerosas decisiones son contradictorias y dilatan indefinidamente los procesos judiciales. Otro de los puntos importantes dentro del articulado contempla la obligatoriedad del precedente judicial como fuente del derecho, “es esencial para salvaguardar la igualdad”, se argumenta la exposición de motivos. Por otra parte, se pide la eliminación de facultades electorales de los magistrados (elección del Registrador Nacional, Contralor General de la República, Procurador General de la Nación y de los magistrados de la Corte Constitucional). La reforma también se ocupa del aumento de los requisitos para ser magistrado de altas cortes. Así, por ejemplo, se propone aumentar la exigencia de experiencia a 25 años, para que una vez terminen sus funciones puedan retirarse o estar vinculados a la academia. De igual manera, se propone la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la creación de la Dirección de la Administración Judicial.