La Corte Constitucional estudia una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32 de la Ley 1915 del 2018, que modifica la Ley 23 de la 1982 y establece otras disposiciones en materia de derechos de autor. Esta disposición precisa que “la indemnización que se cause como consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la presente ley, relacionadas con las medidas tecnologías y la información para la gestión de derechos, podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios…”. Al respecto, el Ministerio Público le solicitó a la Corte declararse inhibida para emitir un pronunciamiento y, subsidiariamente, declarar exequible esa disposición, toda vez que no trasgrede el preámbulo de la Constitución, ni el debido proceso, en consonancia con el derecho a la igualdad, invocados en la demanda.