La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso para que se materialice el derecho fundamental a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de los grupos étnicos que hacen parte de la Nación. La solicitud la hizo el Ministerio Público en reciente concepto en el que pide condicionar la exequibilidad de unos apartes del Código de Minas (Ley 685 del 2001, arts. 11, 35, 37, 41, 48, 59, 78, 79, 122 y 131) para que se entienda que aunque estos no hablen explícitamente de la consulta previa regulada en el Convenio 169 de la OIT, subsiste el deber de realizar la consulta cuando se den los supuestos previstos en este convenio y en la jurisprudencia constitucional. En el concepto, la Procuraduría pidió además que se inste al Congreso a conformar las entidades territoriales indígenas.