Procuraduría pide a la Corte Constitucional dejar el debate sobre el aborto en manos del Congreso

Este fue el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación dentro de la demanda de inconstitucionalidad que cursa actualmente en el alto tribunal en contra del artículo 122 (Aborto) del Código Penal. Concretamente, el Ministerio Público le solicitó a la Corte declarase inhibida para pronunciarse frente al tema, ya que en su criterio “le corresponde al Congreso de la República, en el marco de su autonomía, regular el aborto y el alcance de la prerrogativa a la interrupción voluntaria del embarazo”, esta última de acuerdo con lo señalado en la Sentencia C-355 de 2006. Para la Procuraduría, esta potestad legislativa se funda en el respeto del principio democrático, teniendo en cuenta que el Congreso es el “cuerpo representativo de los intereses de la sociedad”, por lo que está facultado para proteger a través del Derecho Penal los bienes jurídicos que considere constitucionalmente relevantes, tales como la vida de quien está por nacer. Igualmente, la entidad concluyó que el control constitucional es restringido en este caso, entre otras razones por cuenta de que ya hubo un examen de constitucionalidad cuando la Corte puntualizó los casos en los que es procedente la interrupción voluntaria del embarazo. Frente a esto último el concepto también reitera la obligación que tienen las autoridades de garantizar dicha “prerrogativa” jurisprudencial.