El Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés, pidió a la Corte Constitucional la inexequibilidad diferida del Decreto Ley 902 del 2017, por medio del cual el Gobierno definió una serie de medidas para facilitar la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo Final de Paz. El representante del Ministerio Público se refirió a la legitimidad en el uso de las facultades presidenciables para su expedición, pero aseguró que “acudir al Congreso de la República sería la vía más adecuada para evitar que los contenidos regulados resulten frágiles frente al devenir social, situación que podría representar una amenaza al cumplimiento de buena fe de lo pactado”. En el documento adjunto encuentre las demás consideraciones que tuvo en cuenta el ente de control.