La Procuraduría General de la Nación exhortó el cumplimiento de la normativa y jurisprudencia constitucional sobre derecho al trabajo, la igualdad, la estabilidad laboral reforzada, la asistencia, protección y accesibilidad para personas en condición de discapacidad. La circular, dirigida a todas las entidades públicas del nivel nacional y territorial, a los ministerios de Trabajo y de Salud, a las juntas de calificación de invalidez, a los empleadores públicos y privados, entre otros, indica que en ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar su vinculación laboral. El Ministerio Público recordó además la obligación de garantizar el acceso a la asistencia, protección en prevención, educación y rehabilitación de dicha población y la adecuación de las instalaciones de edificios abiertos al público, para garantizar su movilidad.