La Corte Constitucional señaló recientemente que las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen el deber de estudiar las condiciones propias del usuario antes de proceder a suspender el servicio y, a su vez, el suscriptor tiene la carga de poner en conocimiento de la compañía las situaciones que lo llevaron a no pagar el respectivo servicio. En concepto de la Corte, esta carga es razonable, en tanto resultaría demasiado oneroso imponer a los prestadores la carga de indagar de forma previa a cualquier suspensión la situación particular de cada uno de los usuarios (M.P. Alejandro Linares).