Con el fin de garantizar los derechos del consumidor de servicios turísticos, el artículo 25 de la Ley 1558 del 2012 creó una serie de medidas con ese fin. En ese sentido, dispuso un trámite especial de reclamaciones, que, inicialmente, prevé una etapa de arreglo directo frente al prestador del servicio y las empresas de transporte aéreo. El demandante considera que esta norma viola los artículos 1º, 2º y 78 de la Carta Política, pues se expidió sin que se hubiera garantizado la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio. En su opinión, teniendo en cuenta que la disposición acusada afecta directamente los derechos de este sector de la población, era necesario contar con su participación dentro del proceso de elaboración (demandante: Ricardo María Cañón Prieto).