Varios ciudadanos que hacen parte del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1° del parágrafo 1º del artículo 3° (régimen del subsidio familiar en dinero) de la Ley 789 del 2002. La disposición acusada contempla que podrán recibir dicho beneficio “los hijos que no sobrepasen la edad de 18 años, legítimos, naturales, adoptivos y los hijastros. Después de los 12 años se deberá acreditar la escolaridad en establecimiento docente debidamente aprobado”. Según el concepto de los accionantes, el aparte implica una violación al principio de progresividad y prohibición de no regresividad, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo anterior al verse vulnerado el derecho a la igualdad, por consagrar una edad distinta en el acceso al subsidio familiar en comparación con los servicios de salud y pensiones.