La Corte Constitucional reiteró que los particulares tienen el mismo deber que el Estado de cumplir con la normativa que garantiza la accesibilidad a los inmuebles de vivienda y a su interior cuando allí habitan personas que se encuentran en condición de discapacidad. Según la corporación, el mandato de eliminación de las barreras arquitectónicas se materializa tanto en la construcción de nuevas edificaciones que satisfagan las normas que se han expedido para tal efecto como en la implementación de “ajustes razonables” a las edificaciones ya existentes, ello con el fin de lograr la protección de una población constitucionalmente cobijada, pero sin que esta adecuación resulte en cargas desproporcionadas o indebidas para las personas que deban realizarlas (M. P. Alejandro Linares).