El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, insistió en que los integrantes de las FARC que hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no pueden recibir beneficios jurídicos específicos, pues así lo consagra la Constitución y los acuerdos internacionales. “Una eventual paz acordada con el desconocimiento de la exigencia de justicia conllevaría a una paz no sostenible en el tiempo”, agregó el funcionario. Así mismo, recordó que los crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en Colombia después del año 2002, así como los crímenes de guerra que hayan sido perpetrados después del 5 de noviembre del 2009, son competencia de la Corte Penal Internacional, a la manera de un tribunal de reserva complementario, para casos en que un Estado no quiera o no pueda judicializar dichos crímenes.