El Consejo de Estado ratificó la orden impartida al departamento de San Andrés, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y a las autoridades del establecimiento carcelario La Nueva Esperanza para que adelanten las gestiones contractuales y administrativas que permitan que se supere la crisis sanitaria que enfrenta el penal de San Andrés, por el déficit de baños que tienen varios patios. El fallo obligaba a estas entidades y al Ministerio de Justicia conformar una mesa interinstitucional de cara al diseño e implementación de un plan de mejoramiento integral del centro carcelario, con énfasis en la infraestructura sanitaria e hidrosanitaria, de acuerdo a las necesidades de hombres y mujeres que permanecen recluidos en esta institución (C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio).