Así lo manifestó la Corte Constitucional en fallo de tutela que protegió los derechos fundamentales al hábeas data, a la intimidad, a la no discriminación y al acceso a la justicia de una pareja gay que formalizó su relación ante notario. La decisión se relaciona con la expedición por parte del  Ministerio Público de una circular que solicita a los procuradores regionales y provinciales remitirle de forma semanal información respecto al número de “solicitudes de matrimonio presentadas, el número de solicitudes de uniones contractuales elevadas y copia de cada una de las solicitudes de matrimonio y unión solemne”. Según explicó la sentencia, aunque la Procuraduría podía recolectar la información, no podía utilizarla para “imponer por vía general una determinada lectura de la manera en que notarios y jueces deben cumplir con lo ordenado en el resolutivo 5º de la Sentencia C-577 de 2011”. En ese sentido, ordenó a la entidad la adopción de medidas para garantizar la confidencialidad y la seguridad de los nombres de la accionante y su pareja, así como definir las condiciones de tratamiento de base de datos en la que fueron incluidas. El magistrado Mauricio González salvó el voto (M.P. María Victoria Calle).