La Sección Primera del Consejo de Estado amparó los derechos colectivos de los habitantes de la isla de San Andrés al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, la defensa del patrimonio público, el acceso a la infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, entre otros, y, en consecuencia, ordenó al departamento y otras entidades administrativas poner en funcionamiento la Planta de Generación de Electricidad de Residuos Sólidos Urbanos construida hace más de cinco años. Según el alto tribunal, le corresponde al municipio, como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes (C. P. Roberto Augusto Serrato).