La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional dispuso medidas especiales para garantizar el acceso a la educación en condiciones dignas de un grupo de 103 menores con discapacidad de Cartagena (Bolívar). Justamente, otorgó al Ministerio de Educación (Mineducación) un año de plazo para introducir en las pruebas Saber esquemas diferenciales de evaluación de los procesos educativos de personas en condición de discapacidad (física y cognitiva), de tal forma que sea posible valorar, vigilar y controlar institucional, regional y nacionalmente su desempeño, así como la efectividad de los modelos pedagógicos a los que son sometidos. En ese mismo escenario determinó que tanto Mineducación como la Secretaría de Educación de Cartagena deben valorar la condición de discapacidad de los agenciados y determinar cuáles de esos estudiantes ameritan un modelo de educación especial fuera del aula regular, para que, así, se les otorgue el trato previsto en el Decreto 1421 del 2017 (M. P. Gloria Stella Ortiz).