Ordenan a colegio distrital rectificar acusaciones del rector contra docente que participó en protesta (12:22 p. m.)

La Corte Constitucional indicó que, además de la honra y buen nombre, también se pueden ver comprometidos derechos a la salud y el trabajo de las personas que se ven afectadas por la difusión ante la comunidad de imputaciones que no han sido probadas por una autoridad judicial. Esto debido a que el rector de la institución alertó a padres de familia, estudiantes y diversas autoridades sobre la supuesta inducción de la docente a los actos violentos que se habrían producido tras la protesta en la que se cuestionaba el cierre de algunos cursos ante la secretaría local de educación. La Sala reprochó que el juez de tutela no reconociera la inminencia del perjuicio irremediable y que negara la violación del derecho al trabajo, con el pretexto de que a la tutelante no se le había interrumpido el contrato; esta garantía, aclaró, exige que el operario tenga condiciones dignas para el ejercicio de su labor, que se vieron afectadas por el entorno laboral “insoportable” al que se vio expuesta la demandante. Agregó que a pesar de falta de pruebas, es notable la violación del derecho a la salud, ante la evidencia de incapacidades por estrés laboral que presentó la actora (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).