Ordenan al Gobierno adoptar un plan de contingencia para atender crisis carcelaria del país (11:55 a.m.)

La Sala Especial de seguimiento al estado de cosas inconstitucional (ECI) en materia penitenciaria y carcelaria de la Corte Constitucional estudió la evidencia aportada, allí se advierte que los cierres parciales de cárceles ordenados por algunas autoridades judiciales han derivado en el hacinamiento de la población sindicada y condenada en los centros de detención transitoria del país, como las URI y estaciones de policía. La Sala concluyó que la decisión de cerrar una cárcel debe someterse a un juicio de proporcionalidad, de manera que se ponderen la aplicación de esta medida con los posibles efectos colaterales que se pueden causar en los derechos de las personas privadas de la libertad, tanto en las 134 cárceles del país como en los centros de detención transitoria. A su turno, ordenó al Gobierno Nacional la adopción de un sistema de priorización y la elaboración de un plan de contingencia para atender a la población recluida en las cárceles que se encuentran en una situación más gravosa respecto del resto de los establecimientos carcelarios del país. Lo anterior con el fin de avanzar en la protección efectiva de los derechos de esta población, cuyas condiciones de reclusión se mantienen contrarias al orden constitucional. Encuentre las demás órdenes en el documento adjunto (M. P. Gloria Stella Ortiz).