En principio, la acción de tutela no es el instrumento idóneo para controvertir decisiones sobre traslados laborales, por la existencia de mecanismos especiales de defensa como las acciones laborales y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, así lo recordó la Corte Constitucional. En el caso analizado, advirtió que si bien la empresa no está obligada a acceder inmediatamente a un requerimiento de traslado laboral, sí tiene la obligación de explicar por qué razones no se puede ejecutar (demostrar sucintamente que la planta de personal no permite disponer de un cargo similar en otra ciudad). La simple negativa no satisface el alcance del derecho de petición, atendiendo la conexión con derechos laborales como la primacía de la realidad sobre las formas y la justicia de la relación entre las partes del contrato laboral. Con ese argumento, le ordenó a la empresa empleadora dar respuesta clara y de fondo a las solicitudes de traslado y licencia elevadas por una trabajadora. Ante el desconocimiento de la Sentencia C-930 del 2009, la Corte ordenó que todos los integrantes de la Gerencia de Relaciones Laborales de Avianca inicien un curso de derechos humanos y sobre la importancia del cumplimiento de las decisiones de constitucionalidad (M. P. Jorge Iván Palacio).