La Corte Constitucional reiteró que la omisión injustificada en la expedición de la cédula de ciudadanía impide el desarrollo de todos los derechos y obligaciones que se derivan de la acreditación, reconocimiento y ejercicio de la personalidad jurídica y la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político. Por tal razón, tuteló los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de asociación y al trabajo de una persona a la que la Registraduría Nacional del Estado Civil le negó la expedición de su cédula de ciudanía bajo el argumento de que su nacimiento se registró en dos ocasiones, en notarías de distintas ciudades, con nombres y fechas diferentes. Según la sala, se vulneraron sus derechos debido a que se condicionó la expedición de su documento de identidad hasta tanto no se resolviera por un juez competente la cancelación de uno de los registros civiles de nacimiento del tutelante (M. P. Mauricio González Cuervo).