La Corte Constitucional,  a través del estudio jurisprudencial de las normas internacionales y nacionales sobre actos de violencia institucional en contra de las mujeres, indicó que los administradores de justicia se encuentran obligados a resolver los casos en los que se investiguen hechos de violencia contra esta población con base en criterios diferenciadores de género. Lo anterior con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia en su contra. Y es que un claro ejemplo de ello, concluye el fallo, es lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha dicho que el deber de los jueces de investigar de manera “exhaustiva, practicando las pruebas necesarias y valorándolas integralmente y analizando el contexto de los hechos para determinar si se trata de un patrón generalizado de conducta” (M. P. Antonio José Lizarazo).