La Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga tuteló los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de una madre comunitaria y ordenó el pago de sus respectivos aportes al sistema para que pudiera alcanzar su pensión de invalidez por enfermedad común. La accionante tiene 69 años de edad y desde el 14 de noviembre de 1988 se encuentra vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como madre comunitaria, devengando un salario mínimo como contraprestación, y le fue decretada pérdida de capacidad laboral del 66,96 %, con fecha de estructuración del 12 de octubre del 2010. Por lo anterior, solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de la respectiva pensión de invalidez por enfermedad de origen común, la cual le fue negada en el 2014 por considerar que no cumplía con las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración. Lo anterior debido a la falta de aportes del ICBF durante todo el tiempo servido como madre comunitaria. Consulte las providencias judiciales de primera y segunda instancia en los archivos adjuntos (M. P. Martín Fernando Jaraba).