El derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, así como sus principios (como por ejemplo la prescripción) son aplicables al régimen sancionatorio del Estado, incluyendo, entre otros, al régimen sancionatorio en materia cambiaria. Así lo concluye una demanda que fue admitida por la Corte Constitucional y que busca la inexequibilidad del artículo 5° (prescripción de la acción sancionatoria) del Decreto Ley 2245 del 2011. Y es que, según el concepto del accionante,  la norma demandada no estableció de manera precisa los elementos que deben seguirse para determinar cuándo se está frente a una infracción cambiarla continuada, “lo que ha generado que en la práctica existan persas interpretaciones sobre esta norma, siendo una de esta contraria al derecho fundamental al debido proceso constitucional”.