El Decreto 2106 del 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios inexistentes en la administración pública es un decreto ley, es decir, expedido en ejercicio de las facultades otorgadas al Presidente de la República, por lo que no requería publicación para comentarios de la ciudadanía. Por lo tanto, indicó el Departamento Administrativo de la Función Pública, cuando la Constitución se refiere a la ley debe entenderse, en términos generales, que también está hablando de los decretos con fuerza de ley, pues en tales casos el Gobierno ha actuado, por expresa autorización constitucional, como legislador.