El segundo inciso del artículo 77 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 del 2015) y varios apartes de los artículos 9, 10, 13 y 22 de la Ley 1780 del 2016, que promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, fueron demandados recientemente por considerarse inconstitucionales y vulnerar el principio de progresividad en materia de seguridad social. Frente a ello, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional declararse inhibida para conocer de fondo la demanda contra todos los apartes atacados, en relación con el cargo de violación del principio de legalidad tributaria; el principio de progresividad y no regresividad; el principio de solidaridad en materia de seguridad social y el principio de unidad de la materia. Subsidiariamente, solicita declararlos exequibles frente al cargo de violación de la destinación específica de los recursos parafiscales; la violación de la autonomía de las cajas de compensación y la violación del principio de solidaridad en materia de seguridad social. Así mismo, requirió al alto tribunal declarar inexequibles las expresiones “el desarrollo de obras en los territorios” y “el impulso y financiamiento de las actividades agropecuarias” del artículo 9º de la Ley 1780 y exequible la expresión “emprendimiento y/o desarrollo empresarial” y el resto de normas atacadas, en relación con el cargo de violación al principio de unidad legislativa. En el concepto adjunto encontrará los argumentos del Ministerio Público al respecto.