Mediante la Ley 1926 del 2018 se aprobó el protocolo de Nagoya Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación, suplementario al protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. El Ministerio Público, a través de reciente concepto, encontró que del análisis de este instrumento internacional no surge ningún vicio y que su adopción corresponde a los procesos constitucionales relativos a la integración internacional, fomentando la participación de los Estados parte de manera conjunta, coordinada y en respuesta a los intereses ambientales, económicos, sociales y políticos de la sociedad. Razón por la cual la Procuraduría solicitó a los magistrados de la Corte Constitucional la declaratoria de exequibilidad de la Ley 1926.