La Corte Constitucional exhortó al Ministerio de Educación para que asuma directamente los costos de los ciclos lectivos de educación integral para jóvenes y adultos previstos por el Decreto 3011 de 1997, a raíz de la suspensión del servicio que se produjo en 2011 en Nariño, lo que motivó la presentación de varias acciones de tutela por parte de los beneficiarios que habían cursado tres de los seis ciclos, luego de que el departamento adujera déficit presupuestales. Mediante la sentencia T-428 del 2012, ordenó a los organismos de control vigilar el cumplimiento del fallo, que incluye un acuerdo de la secretaría de educación departamental y el Gobierno Nacional con los educandos para la continuación de los ciclos y la iniciación de los incidentes de desacato respectivos, si los hay.