El derecho a la educación también incluye la obligación del Estado y de los particulares de facilitarles a los menores en condiciones de discapacidad motora el transporte a los centros educativos, recordó la Corte Constitucional. En este sentido, el alto tribunal advirtió nuevamente el trato especial y preferencial con el que deben contar los menores con discapacidades físicas y mentales, de tal forma que se establezcan políticas públicas incluyentes para ellos (M. P. Luis Ernesto Vargas).