El último comunicado dado a conocer por la Corte Constitucional informa la exequibilidad del Decreto Ley 900 del 2017, mediante el cual se hace ajustes relacionados con la suspensión de órdenes de captura proferidas contra miembros de las Farc, hasta que su situación jurídica les sea resuelta por la Jurisdicción Especial para la Paz o se les aplique la amnistía de iure, así como la de quienes hubieren sido trasladados a las zonas de ubicación temporal encontrándose privados de la libertad. El alto tribunal verificó que dicho acto cumple los requisitos formales, pues fue suscrito por el Presidente de la República y por el Ministro de Justicia; así mismo, fue expedido dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 del 2016, entre otros aspectos. Los magistrados Diana Fajardo Rivera, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo y Cristina Pardo Schlesinger aclararon su voto en torno al juicio de necesidad estricta (M. P. Antonio José Lizarazo).