La Corte Constitucional declaró fundada la objeción gubernamental a la norma que preveía la posibilidad de contratación directa por el ICBF de las madres comunitarias, por no haber existido la iniciativa del Gobierno exigida por la Constitución para la modificación de la estructura de la administración nacional. Por otro lado, la Corte devolvió a la Cámara de Representantes el expediente legislativo, para que se enmiende el vicio de procedimiento identificado respecto de los artículos 5°y 6° de la iniciativa que establecen un subsidio permanente a la vejez (M. P. Alejandro Linares Cantillo).