Lo hizo la Corte Constitucional, al considerarlo un agravante en la crisis de hacinamiento carcelario que vive el país y calificar de negligente la actuación de las autoridades en la entrega de estos dispositivos. La Sala exhortó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que adopte las medidas necesarias tendientes a disponer permanentemente de los brazaletes electrónicos y a cumplir con las medidas que en ese sentido sean avaladas por los jueces de la República, una vez estas sean emitidas. Al anotar que la principal función de la pena debe ser la resocialización, la Corte subrayó que la privación de la libertad debe combinarse con otros mecanismos que le permitan al condenado alcanzar más fácilmente ese objetivo; en su criterio, su contacto con la familia y la sociedad son un vehículo para ello, por lo que considera deseable que a la reclusión en prisión se sumen otras modalidades, como la prisión domiciliaria, la libertad condicional o la vigilancia electrónica (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).