La Corte Constitucional profirió las sentencias T-388 del 2013 y T-762 del 2015, donde definió el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos. A través de una animación dispuesta para consulta, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos da cuenta de las indicaciones del alto tribunal en dichas sentencias, entendiendo que el respeto por los derechos humanos es la guía para toda actuación del Estado. La finalidad de este espacio es brindar los elementos básicos señalados en el estándar constitucional, para que sean tenidos en cuenta cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que se relacionen con la formulación y el diseño de la política criminal, el funcionamiento del sistema de justicia penal y/o el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario.