El fallo de tutela consideró que si bien la restricción contemplada en el Decreto 2762 de 1991 persigue un fin legítimo, no puede comprometer la unidad familiar y los derechos de los sujetos de especial protección constitucional; así, en determinados casos, la aplicación estricta de la norma resulta contraria a principios y valores constitucionales. En el caso concreto, se concedió la tutela a un ciudadano de la tercera edad a quien las autoridades departamentales le negaron la permanencia en la isla junto a su hija, quien le brindaba cuidados, dado su estado de salud. La providencia aplicó la figura de excepción de constitucionalidad, atendiendo el caso concreto de la persona sujeto de protección.