El Estado colombiano, al hacer parte de diferentes instrumentos internacionales, ha adquirido diversos compromisos con el fin de mejorar la educación de los niños y adolescentes, actuando desde diferentes frentes. Según la Corte Constitucional, uno de ellos impacta el atributo de la disponibilidad el cual, acorde con la Observación General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, parte de la premisa que “debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado parte”. Igualmente agregó que las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, entre otras cosas. En virtud de lo anterior, y de conformidad con la Sentencia C-376 del 2010, el elemento de la disponibilidad como parte del servicio de educación puede resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras (M. P. Cristina Pardo Schlesinger).