La Corte Constitucional consideró que la jurisdicción ordinaria nacional debe respetar los espacios asumidos por la jurisdicción especial indígena, en virtud de la diversidad étnica y cultural, evitando asumir decisiones que resulten gravosas para la autonomía de dichas poblaciones. En este contexto, el alto tribunal determinó improcedente el amparo a los derechos fundamentales reclamados en el caso de un gobernador suplente del cabildo indígena del resguardo de Ipiales que impuso como sanción a un miembro de la comunidad un castigo físico. Jorge Ignacio Pretelt aclaró el voto (M. P. Nilson Pinilla).