En contravía de la posición sostenida por la Corte Constitucional, en el entendido de que los jueces de tutela no están facultados para declararse incompetentes para evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela con el objeto de garantizar así la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, lo anterior con fundamento en el Decreto 1382 del 2000, la Corte Suprema de Justicia reiteró que no comparte dicha postura, puesto que las reglas contenidas en la mencionada disposición son meramente de reparto. Así las cosas, la competencia del juez está indisociablemente ligada con el derecho fundamental del debido proceso, el acceso al juez natural y la administración de justicia, de donde, según la jurisprudencia constitucional, la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho al debido proceso (M. P. Álvaro Fernando García).