La Corte Constitucional recordó que el juez de tutela mantiene la competencia para lograr el acatamiento de las sentencias hasta que el derecho fundamental sea restablecido o la amenaza desaparezca. Para ello, puede adoptar “todas las medidas necesarias”, incluso las sanciones previstas ante el desacato. Por esa razón, ordenó a la Defensoría del Pueblo Delegada, con competencia en el municipio de Arauca, interponer un incidente de desacato respecto de las órdenes dictadas por un juez que tuteló el derecho al mínimo vital de una persona víctima de desplazamiento forzado y a la cual Acción Social no le ha solucionado su problema de vivienda. La Sala Octava de Revisión recordó que el Estado tiene la carga de asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales reconocidos a favor de los desplazados, como el de la vivienda digna. Señaló que no basta con ofrecer soluciones de vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados alojamiento temporal en condiciones dignas (M. P. Humberto Sierra).