El incumplimiento de las obligaciones del empleador o de las administradoras pensionales no es imputable ni oponible al trabajador, explicó la Corte Constitucional al amparar los derechos al debido proceso y a la seguridad social de un accionante. Por medio de un comunicado de prensa, esta Corporación afirmó que las consecuencias negativas de estas omisiones no podrán ser adversas y nunca serán razón suficiente para debilitar el acceso a una prestación pensional, pues estas dos partes (el empleador y las entidades administradoras) están llamadas a hacer uso de los instrumentos legales y administrativos dirigidos a cumplir o a exigirse mutuamente el acatamiento de sus deberes (M. P. Diana Fajardo Rivera).