Luego de proteger el derecho a la educación de un interno a quien por traslado de prisión se le interrumpió su proceso formativo en un curso de manejo básico de herramientas informáticas con el Sena, la Corte Constitucional advirtió al Inpec sobre la necesidad de que al momento de disponer el traslado de reclusos a nivel nacional procure que en la mayor medida de lo posible se garantice la continuidad en los procesos educativos que adelantan, para que la privación de la libertad no solo permita el cumplimiento de la pena sino también la resocialización de los individuos, lo cual es un principio y un mandato constitucional. Encuentre más detalle de este fallo en el documento adjunto a esta nota  (M. P. José Fernando Reyes).